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La empresa del teleférico mantiene el recurso y dice que la infraestructura es vital para Sierra Nevada. Los promotores defienden que no hay otra alternativa posible a la saturación de tráfico.
Los promotores del teleférico que pretende unir Granada y Sierra Nevada siguen adelante con el recurso de alzada interpuesto ante la Consejería de Obras Públicas contra la decisión de ésta de rechazar el proyecto, y no tienen intención de desistir al considerar viable y necesaria esta infraestructura.
Si desde la interposición del recurso, el pasado mes de febrero, transcurren tres meses sin contestación, los promotores dispondrán a partir de entonces de seis meses para preparar el contencioso-administrativo, al que no renunciarán, según ha explicado a Efe Juan Antonio López, presidente de Teleférico S.A.
«Por fuerza»
López considera que, prospere o no el proyecto impulsado por el grupo de empresarios al que representa, esa infraestructura u otra similar tendrá «por fuerza» que acometerse finalmente porque, en su opinión, no hay otra fórmula para solucionar los problemas de acceso a Sierra Nevada, que se agravarán «dentro de quince años». Los promotores argumentaron el recurso de alzada en varios motivos, entre ellos la improcedencia de la declaración de impacto ambiental contraria al proyecto y sobre la que la Consejería de Obras Públicas basó su decisión.
La presentación el pasado mes de febrero del recurso de alzada ante la Consejería de Obras Públicas se produjo después de que la Dirección General de Transportes de ese organismo desestimara un mes antes la solicitud y el proyecto para la concesión del teleférico «por no apreciarse la necesidad del servicio o su conveniencia». Argumentaba también la consejería que, desde el punto de vista de la movilidad, el proyecto no supone una alternativa competitiva con el vehículo privado, al reducir el tráfico que actualmente circula por el viario «en un 6 por ciento, en el mejor de los escenarios previstos».
A la resolución de la Dirección General de Transportes precedió la declaración de impacto ambiental de la Consejería de Medio Ambiente, que consideró inviable el proyecto a efectos ambientales.
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